La jueza Claudia Piccirillo, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 1, hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por la Fiscalía de Estado del Chaco a través de la cual se ordena a la Asociación Gremial de Personal del INSSSEP a cumplir con las guardias mínimas que permitan el funcionamiento de los servicios del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) que actualmente se encuentran paralizados debido a una medida de fuerza convocada por el nombrado sindicato.
“No cabe duda que el INSSSEP es un organismo de suma importancia toda vez que brinda cobertura previsional, asistencial y de salud, y la interrupción de sus servicios genera un daño inmensurable en la vida de personas que se encuentran en situación de enfermedad y desamparo, debiendo garantizarse las guardias mínimas las que deben ser cumplidas en forma efectiva y no solo en un plano formal”, destaca también la jueza.
En su fallo, la magistrada señala además que se realizarán en forma aleatoria y sin aviso previo visitas de funcionarios judiciales, tanto en la ciudad de Resistencia como en las delegaciones del interior, con el objetivo de verificar que se están manteniendo los servicios mínimos en el INSSSEP.
La Fiscalía de Estado, a través de su titular Dr. Roberto Alejandro Herlein y del Procurador Fiscal Dr. Daniel Bentolila, resaltó en la demanda presentada que la paralización por tiempo indefinido de los servicios esenciales del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de la Provincia del Chaco está causando una grave afectación a afiliados, beneficiarios, prestadores y proveedores de la salud, impidiendo una adecuada atención y respuesta.
Cabe destacar que la intervención de la Fiscalía de Estado surge a raíz de una solicitud del Directorio del Insssep que señaló un posible conflicto de intereses entre los profesionales de la Asesoría Legal del Instituto y su afiliación a la Asociación Gremial de Personal del INSSSEP.
En la misma presentación judicial también promovió una acción de amparo, cuestión de fondo por la cual busca que se declare la ilegitimidad de la privación o paralización de la prestación de los servicios esenciales y que también deberá resolver la jueza Claudia Piccirillo.
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