Un centenar de familias damnificadas por 150 millones de pesos.

Habían comprado terrenos al Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (SEJCh) que prometió construirles viviendas en «el nuevo barrio judicial» de Sáenz Peña. A más de cinco años de la causa, con dos referentes del gremio y un bancario acusados, la investigación sigue no avanza.

Desde la Defensa, esperan que el nuevo fiscal, Cristian Arana, trabaje para retomar la labor.

Un centenar de familias fueron estafadas a finales de 2014, al comprar terrenos con la promesa de que el Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (SEJCh) construiría viviendas en el predio, «el nuevo barrio judicial» de Sáenz Peña. Hoy, a más de cinco años de la causa, en que están imputados dos referentes del gremio y un bancario, la investigación sigue sin avances, retrasada por la pandemia y los cambios fiscales y judiciales en la ciudad. Desde la Defensa de las víctimas esperan que el nuevo fiscal, Cristian Arana, trabaje para retomar la labor judicial.

Las denuncias comenzaron a llover en 2015, cuando a pesar de la larga espera para que comiencen los trabajos de construcción en el predio, estos nunca iniciaron. Los damnificados aseguraron, ante la Fiscalía de Investigaciones de la ciudad Termal, que habían sido víctimas de estafas. Los imputados en la causa son Miguel Ramos y Graciela Aranda (referentes del SEJCh en Sáenz Peña), y Luis Vargas (miembro de la Asociación Bancaria Sáenz Peña).

El SEJCh, con Graciela Aranda como secretaria general ofrecía un plan de viviendas en Sáenz Peña. Se «vendían» los terrenos y la edificación de casas en barrio al Norte de la ciudad, cerca del Cementerio «Juan XXIII». Los costos variaban conforme a las dimensiones del predio.

Si bien las parcelas las había adquirido el Sindicato de Judiciales, más tarde se vendieron a la Fundación “Movimiento Obreros Solidario” (con dirección en el domicilio particular de Graciela Aranda). La compra había sido para evitar un embargo que recaía sobre inmuebles del SEJCh.

El predio donde se iban a construir las casas que conformarían el “segundo barrio judicial” continúa baldío. Hoy, el costo de aquellos cien proyectos -jamás concretados- equivale a alrededor de 150 millones de pesos.

El último movimiento en la causa fue en 2019, cuando la Dra. Liliana Lupi (Fiscal de Investigaciones N°3) llamó a los imputados a prestar declaración. En aquel entonces se presentaron Luis Vargas y Miguel Ramos, pero se abstuvieron de hablar, y la Dra. Lupi les impuso cauciones por $8.000.000 y $12.000.000. Graciela Aranda, por su parte, debía prestar declaración en marzo de este año.

Ya pasaron más de cinco años de la causa, y la misma sigue paralizada. Debido a la pandemia del Coronavirus, el cambio de Fiscales y la instalación de un nuevo sistema judicial en Sáenz Peña, la investigación no avanza desde la última indagatoria a los imputados el año pasado. Esperan, desde la Defensa de las víctimas, que el nuevo fiscal, Cristian Arana, trabaje para retomar la labor judicial.

Fuente: Diario21tv