CONCEJALES PIDEN REVISIÓN JUDICIAL DE LO HECHO EN LA SESIÓN DEL PRESUPUESTO

“Intentamos sostener el rol institucional del Concejo, y que no se impida el control sobre el uso de los recursos públicos municipales”, definían como uno de los objetivos de la presentación en el mostrador judicial.

Las y los Concejales de Resistencia que vienen cuestionando la forma o procedimiento legislativo realizado en la Sesión del Concejo Municipal de fecha 30 de diciembre del 2020, finalmente acudieron al Superior Tribunal de Justicia para solicitar se revisen los hechos y actos legislativos desarrollados, ya que de los mismos surge la hoy vigente ordenanza 13.476, cuyo título refiere al Presupuesto General del Municipio para el año en curso 2021.

Pero la previsión de ingresos públicos y su asignación, no fueron los únicos puntos que ocuparon y preocuparon a las y los Concejales Carlos Salom, Alicia Frias, María Teresa Celada, Carla Cantero y Fabricio Bolatti, cinco (5) de los once (11) que integran el Cuerpo del Concejo, sino que también “alertaron” sobre el contenido jurídico de la iniciativa oficial. Observaron que “Se incorporaron artículos de cuya aplicación y efectos nace el otorgamiento de facultades extraordinarias al Intendente o titular del Ejecutivo Municipal, las que corresponden y constituyen facultades otorgadas originalmente al Concejo Municipal.

Situación o realidad que está expresamente prohibida y contradice principios y garantías de alto rango, como la Constitución Provincial en su “Artículo 5: Los poderes públicos no podrán delegar sus atribuciones ….Tampoco podrán arrogarse, atribuir, ni ejercer más facultades” …., o la Carta Orgánica de la Ciudad en su artículo 122, dejando claro que “Las autoridades del Gobierno Municipal no ejercerán otras atribuciones que las que la Constitución Provincial y esta Carta Orgánica les confieren.
No se les concederán por motivo alguno, facultades extraordinarias, ni delegarán en otras los poderes específicos de cada una.”

“Pero nuestra realidad nos dice que esta ilegal delegación de poder están vigentes y en pleno ejercicio por el Intendente, cuya existencia cuestionamos porque surgen de una “norma” que nace incumpliendo el procedimiento legislativo vigente para la sanción de una ordenanza, pero también denunciamos el contenido o normativa que surge de su articulado” se expresaba de la voz de los ediles.

Ordenanza que va en contra de la Constitución y la Carta Orgánica

La Ordenanza 13.476, no solo tiene vicio de origen sino que también otorga facultades extraordinarias al Intendente, las que naturalmente incumben al órgano legislativo, por ejemplo la de aprobar y modificar el “Presupuesto Municipal”, que significa la función de asignar recursos futuros del Municipio, facultad de mucha importancia porque lo que se está concretando es una “autorización para gastar e invertir” hasta el monto determinado, además de representar la planificación, autorización de uso, y posterior control en la administración de los fondos públicos.

Después de haberse puesto en vigencia esta denunciada norma, el Intendente pasa a autorizarse a sí mismo el nivel de afectación de recursos, puede cambiar el destino de los fondos y no rigen los límites o monto máximos autorizados, ya que puede ampliarlas o crear nuevas partidas, lo que incluye la facultad de asignar los mayores ingresos que pudieran darse. Con ello queda sin sentido y sin utilidad el rol de la planificación del uso de los recursos – lo que además debe hacerse con participación de la comunidad -, su ejecución dentro de las autorizaciones y su posterior control. También pasa a ser letra muerta la necesidad de tener autorización previa del Concejo, para realizar compensaciones entre partidas principales.

Fin del Sistema Republicano de Gobierno Municipal

Todas las exigencias o reglas que establece la Constitución y se reflejan en la Carta Orgánica de la Ciudad, son parte y funciones necesarias para la organización en un sistema “Republicano”, donde el “equilibrio de poderes” está destinado a evitar abusos y concentración de facultades en un poder, por sobre otro u otros poderes o departamentos, como en el caso del Municipio de Resistencia.

Las facultades que se arroga el Intendente Gustavo Martínez, que surgen de una norma ilegal y hasta ilegítima, no solo son aplicables dentro del Departamento Ejecutivo, sino que se extienden a los Departamentos Legislativo o Concejo, y también al Judicial o Juzgados de Falta. El “super intendente” puede hoy modificar el Presupuesto del Concejo, puede además reestructurar el personal como lo desee, o sea hoy es el Intendente el que autoriza el nivel de gastos e inversión al Concejo, no solo se autoriza a sí mismo sino que su incumbencia es superior a la del propio Concejo, incluso hasta en la ejecución del Presupuesto legislativo, lo que le permite al titular del Departamento Ejecutivo poner límites en el uso de recursos a quienes tienen que autorizarlo y controlarlo, lo que no tiene ni viceversa después de esta nueva “norma”, la que logra modificar la esencia y principios básicos de nuestro sistema de gobierno. De esta manera se ve vulnerado el necesario “equilibrio” y se refleja una importante acumulación del poder público en un cargo y en una persona.

“No solo está prohibido delegar funciones entre autoridades públicas, sino que esta decisión inconstitucional la formalizan con una “ordenanza” que se declara sancionada en un proceso legislativo que no cumplió ningún requisito o paso establecido, tanto el paso por la Comisión de Hacienda, el ingreso del despacho, el debate legislativo, su aprobación en general, su tratamiento y aprobación en particular. Sería como que alguien decidió unilateralmente tener el poder sobre los demás, o hacer lo que desee, y l@s amig@s se lo declaran otorgado, ahora hay que recordar que el poder delegado se ejerce sobre la comunidad, sobre sus bienes y derechos, los que tienen garantías que están siendo claramente vulneradas”. Concluyeron las y los Concejales denunciantes.