Una vez más la máxima autoridad nacional, mediante el DNU 334/21 nos impone restricciones laborales, sociales, educativas y económicas sin contrarrestar aún el impacto nefasto que fue el año 2020 con una cuarentena de las más largas del mundo. Tal decisión golpeó al trabajador autónomo, a las pymes, al cuentapropista, y a la sociedad en general por los estrictos criterios de aislamiento ASPO y DISPO, que afectó gravemente la economía y la educación de todo el país y en especial de las provincias más postergadas.

Se acaban de adoptar decisiones semejantes repitiendo una misma narrativa sanitaria sin importarles a las autoridades los resultados no sólo socio-económicos que ya venimos padeciendo, sino que no han tenido en cuenta que estas últimas medidas agravan aún más la situación de salud de los habitantes ya que muchos han sido desatendidos de otras enfermedades y/o atraviesan procesos de depresión y angustia por pérdida de sus seres queridos y por la pérdida de sus negocios, empresas o puestos de trabajo.

Entendemos que en nuestro país muchos trabajadores dependen del ingreso de alguno de los tres poderes del estado, pero también pensemos en los trabajadores independientes, los que también contribuimos con la economía, no podemos darnos el lujo de no trabajar; si no lo hacemos no tendremos cómo sostener a nuestra familia, ni habrá recaudación de impuestos para que el estado pueda afrontar los servicios de salud, de educación, de seguridad, y además se pueda pagar los abultados sueldos de algunos funcionarios que poco o nada aportan al país. Todas las medidas que se están tomando últimamente, hacen que cada día se pierda más aún la cultura del trabajo y se incremente el número de personas que dependen de un “plan social”, “asignación” y/o “subsidio”del estado, por el elevado índice de pobreza al que hemos llegado.

Con mucho asombro leíamos hace pocos meses en los considerandos del DNU 235/21… “Que ARGENTINA ha sido seleccionada por la OMS como parte de los países que están participando de los Estudios Solidaridad con el objetivo de generar datos rigurosos en todo el mundo para encontrar los tratamientos más eficaces para los y las pacientes hospitalizados y hospitalizadas con COVID-19 y para evaluar la eficacia de vacunas”. Es decir que somos un país, con cuyos habitantes se pueden hacer ensayos clínicos (y no precisamente para el CDS –como se viene solicitando-); tal como lo explica la OMS en su página oficial. Y ése habría sido el motivo por el cual a través ley Nacional 27573 sancionada el 29/1020, que en lugar de protegernos, nos entregaron en manos de los laboratorios, para ser inoculados con sustancias experimentales, llamadas “vacunas”.

Así esta “benévola” ley impide el acceso a tomar conocimiento del contenido de las “vacuna” y además les otorga inmunidad legal a los laboratorios, para que no podamos iniciar acciones legales por la muerte de algún familiar o los daños a la salud que pueda ocasionarnos esta inoculación. Es muy sugestivo que se denomine “segunda ola” a lo que estamos atravesando, sin tener en cuenta la cantidad de personas que han enfermado y han fallecido luego de haberse inoculado las denominadas “vacunas”; razón por la cual algunos países han suspendido la vacunación y hoy gozan de una vida más acorde con lo que podríamos llamar “normalidad”.

Pareciera que nuestras autoridades desconocen –o no les preocupa- que existan informes de científicos, médicos, sociólogos y economistas, que nos advierten de la realidad que estamos viviendo a nivel mundial con relación al avance de los planes de control y reducción de la población, que en varios sitios de internet podemos encontrar. Si bien muchos informes han sido borrados o dadas de bajas ciertas páginas, algunos hemos guardado sus publicaciones; y a título de ejemplo mencionamos:
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/10/111028_control_demografico. https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/biociencias/la-era-de-laeugenesia-cuando-la-pseudociencia-se-hizo-ley/).

Sería muy oportuno y fundamental, que nuestras autoridades sanitarias nacionales, accedan a los reiterados pedidos de debate que les han hecho, los médicos como El dr. Luis Marcelo Martínez, la Dra. Chinda Brandolino, el Dr. Mariano Arriaga, La lIc. Roxana Bruno, por mencionar sólo a algunos. Estos profesionales han estudiado la problemática y podrían esclarecer muchas cuestiones confusas para la ciudadanía y que ayudaría a proteger verdaderamente la salud de todos; pero en lugar de escucharlos los denostan, los censuran y los persiguen para callarlos. Cuál será la razón por la que no quieren oir otras voces? Acaso querrán que no se sepa toda la verdad con relación a esta “pandemia” a través de la información científica que puedan darnos otros médicos, o virólogos independientes y despierte el pueblo y sepa que nos han estado ocultando información?

Un párrafo aparte merece el hecho de que bajo el manto de “emergencia sanitaria”, se incurre en la flagrante violación de nuestros derechos consagrados en la Constitución Nacional. El dictado de los DNU de manera recurrente, nos sitúa en un estado de sitio virtual mediante el cual pretenden anular los derechos constitucionales de los que gozamos todos los ciudadanos. Si los derechos se restringen, dicha limitación debe ser razonable y cuando se hace de manera recurrente, se incurre en el abuso de poder pues hay una extralimitación en sus facultades; más aún cuando no existe razón alguna para que normas de este tipo las pueda debatir el Congreso de la Nación. Generándose así situaciones injustas, lo que impulsa al ciudadano a una lógica reacción de desobediencia.

Es sumamente preocupante la situación que estamos atravesando, ya no se trata sólo de la salud de los ciudadanos, sino además, del funcionamiento de la República, la protección de los derechos de los ciudadanos y el respeto a nuestra Constitución Nacional, pilares básicos de una democracia plena. Conciudadanos, sin dudas debemos cuidarnos, pero sin el miedo que nos paraliza; despertemos, reaccionemos, no podemos seguir así; somos un pueblo que sólo busca la paz, el progreso, el trabajo, seamos valientes; defendamos nuestros derechos y Dios nos libre de tanto mal!!

Escr. Clelia Avila (Reg.N°4)
Dr. Marcelo Fernández (M.P.7.000)
Dra. Claudia Cáceres (M.P.1.955)

PROFESIONALES POR LA VERDAD, LA VIDA Y LA LIBERTAD.-