En una serie de ítems, el Consejo dio a conocer los motivos de su posición favorable al proyecto que se debate en Cámara de Diputados de la provincia del Chaco y la opinión sobre porqué hay sectores que se oponen a la iniciativa.

En este sentido, a través de su comisión directiva la entidad que nuclea abogados expresó:

Es falso que el proyecto de ley produzca restricciones de acceso al ejercicio profesional para los jóvenes, al contrario es un proyecto que se hace cargo, visibiliza, una realidad que hoy no está atendida por la ley de ejercicio profesional vigente.

En el régimen hoy vigente los noveles abogados son tratados como es considerado el profesional de más trayectoria y más asentado en el ejercicio profesional, debe competir con éste sin ningún tipo de asistencia ni capacitación.

El régimen hoy vigente no hace nada por los jovenes, los deja librados a su entera suerte. Muy por el contrario el proyecto ahora presentado, considera a los noveles como profesionales que deben ser acompañados para permitirles la incorporación al mercado profesional, dándoles herramientas y facilidades que hoy no tienen.

Así es como los exime de pagar la matrícula durante algunos años, pero en cambio los hace destinatarios desde el día 1 de su matriculación de todos los beneficios que tienen los matriculados y en especial los previstos para los noveles.

Estos son: la capacitación subsidiada, la formación mediante tutores, las bolsas de trabajo, los convenios de pasantias e incluso laborales con empresas y organismos públicos.

El principal tema que preocupa a los que critican el proyecto y no lo discuten o exponen es el control de la ética profesional.

Este es un punto en el que los legisladores no pueden solo escuchar a los abogados y las abogadas, sino que deben atender el interés de la comunidad, de los usuarios de los servicios profesionales que no tienen hoy ninguna posibilidad efectiva de hacer sus reclamos y obtener protección ante abusos o daños.

Existe un régimen que es absolutamente prohibitivo para el acceso de quienes se vean afectados y pretendan revisión de la actuación de sus letrados.

En el Consejo recibimos constantemente pedidos de intervención ante inconductas de colegas, pero no nos queda más que explicarles a esos afectados cuál es el procedimiento engorroso que deben realizar para intentar instar el control de la ética de quienes los han asistido.

Ese procedimiento es nada menos que hacer una demanda contencioso administrativa, es decir debe acudirse a otro profesional para que inicie un juicio ante la CCA en el caso de la primera circunscripción judicial y en las cámaras civiles en el interior.

Una demanda para obtener la revisión de la ética de un profesional es un despropósito que deja indefensa a la gente.

Sumo en el tema de la ética que es fundamental y se oculta, que para juzgarla los que debemos intervenir somos los que ejercemos la práctica sometida a control, porque la ética se basa en normas de actuación profesional que se consideran correctas, aceptables y deseables, lo cual exige que quienes juzguen esos patrones éticos sean los profesionales que participan de esa práctica, no los jueces que no ejercen la profesión y tienen otro rol. A los jueces debe quedarle el control judicial ulterior de ese control ético que antes hicieron los propios participantes de la práctica.

La colegiación excede largamente el solo interés de los abogados, está comprometida la comunidad toda dado que todos estamos interesados en dotar de calidad, eticidad, transparencia y eficacia a la práctica profesional de la que dependen nada menos que los derechos y los bienes de las personas.

Por eso el argumento no puede ser que los abogados no nos ponemos de acuerdo porque hay colegas más cómodos sin control ético y sin verse en la necesidad de ser responsables del mejoramiento de la práctica y de actuar solidariamente con los colegas noveles.

Esto tiene que ser una política pública que se ponga por arriba de los intereses individuales.

Fuente: Diario Primera Línea