Nota de opinión del Dr. Diego Gutiérrez

Para abordar la cuestión  en circunstancias económicas como la que atraviesa la provincia y el país, el punto de partida es indefectiblemente el índice de inflación ya que está estrechamente vinculado a la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados. En una provincia como la nuestra en la que gran parte de la población depende de la administración pública, la incidencia y el perjuicio será mucho mayor teniendo en cuenta que, al afectarse el consumo, el impacto se dará de manera directa en todo el circuito económico provincial.
Frente a esta situación, y con intención de realizar un análisis serio y responsable, debemos preguntarnos cuanto incide el incremento de empleados públicos que se ha dado en la provincia en los últimos 12 años, y para ello solo hay que recurrir a los datos de la realidad que son más que contundentes: el actual gobernador Capitanich asumió su primer mandato el 10 de diciembre de 2007 con una planta de 45.000 empleados públicos sobre una población de 950.000 habitantes aproximadamente representando poco menos del 5% de la totalidad de habitantes.  A febrero  de 2020, esa ecuación asciende a  150.000  sobre 1.100.100 chaqueños, relación que representa casi el 15% del total de pobladores de la provincia con lo cual,  y ajustándonos a los datos de la realidad,  este abrupto e injustificado incremento de la masa de empleados públicos es determinante a la hora de discutir paritarias para el sector.   
En los últimos 4 años  la media nacional de incremento de haberes superó ampliamente,  en todos los casos y dependiendo del sector,  el 30 %.  Sin ir más lejos en provincias vecinas como Corrientes o Formosa la recomposición salarial del sector público promedió un 40 % mitigando notablemente el impacto de la inflación. En el caso de Chaco, y pese a que los ingresos coparticipables y otros auxilios económicos de carácter extraordinario superaron registros históricos, los aumentos otorgados por el Poder Ejecutivo provincial rondaron el 10% en cómodas cuotas,  colocando a los trabajadores públicos chaqueños en condición de absoluta desigualdad frente a asalariados de otras jurisdicciones.  
A esto se suma la otra distorsión de la que nadie quiere hablar: la diferencia abismal de haberes que existe entre los distintos organismos públicos llámese Tribunal de Cuentas, Tesorería, Contaduría, Lotería Chaqueña, IPDUV, Fiscalía de Estado así como en las empresas de servicios como Sameep o Secheep en las que los sueldos son entre 5 a 10 veces más que un empleado público del Poder Ejecutivo, un docente o un profesional de la salud. Punto aparte merece el Nuevo Banco del Chaco donde algunos sueldos son comparables a países del primer mundo. Y no debiera molestarnos  que  existan trabajadores con buenos ingresos, sino que existan sueldos de lujo mientras otros apenas sobrepasan la línea de indigencia.
Teniendo en cuenta la continuidad de un mismo modelo político en la provincia y su retorno en la Nación,  no es necesario ser economista para advertir que lo que se pueda ofrecer a los trabajadores estará muy por debajo de las necesidades de las familias de los servidores públicos. Tampoco hace falta ser un eximio analista para advertir que estaremos, una vez más, frente a un año con dificultades que se harán visibles en la pérdida de más días de clases, la profundización de la grave crisis que atraviesan la salud pública o la seguridad ciudadana.
En este contexto, no podemos dejar de mencionar el fuerte impacto que genera la continuidad de estas políticas en el sector del comercio, Pymes o emprendedores. Un capítulo aparte merecerá el sector productivo al que luego de la descomprensión tributaria de los últimos años, se ha vuelto a un sistema de asfixia mediante el incremento de las retenciones y otros tributos provinciales.       
Digo todo esto con un enorme dolor,  porque soy chaqueño y vivo en el Chaco junto a mí familia, pero guardar silencio y no expresar esta realidad  me convertiría en un igual. Sin duda el desafío es grande, la inflación es un flagelo con el cual tendremos que convivir algunos años más. De lo que sí estoy seguro es que no la solución no pasa por la pérdida del poder adquisitivo de  los trabajadores, todo lo contrario.
Para resolver un problema, primero hay que reconocerlo y aceptarlo. Basta de mentiras y excusas. Señor gobernador Jorge Capitanich,  humildemente le pido que se haga cargo de este monstruo que usted mismo creó, y que  la variable de ajuste de los desatinos, desmanejos e irresponsabilidades de la gestión,  no pase por el bolsillo de la familia chaqueña.  Sería muy bueno y sano para nuestra sociedad que por primera vez los gestos se empiecen a dar desde la política.