Unos 9000 exsoldados que fueron movilizados a la Patagonia en 1982 reclaman ser declarados veteranos de guerra y afirman que en el Ejército hay registros de que participaron en acciones bélicas; varios excombatientes se oponen.

Hasta la causa Malvinas, en la que la reivindicación de la soberanía argentina es unánime, no se salva de la grieta.

La brecha está marcada por la reacción que genera el reclamo de unos 9000 exsoldados conscriptos que en 1982 fueron movilizados a bases militares del litoral marítimo patagónico, en el continente, y hoy piden ser reconocidos como veteranos de guerra. Eso implica el acceso a una pensión mensual vitalicia, como la que ya perciben 23.000 excombatientes.

La misión, se explica en un proyecto de ley presentado por legisladores de distintos bloques en la Cámara de Diputados, era custodiar objetivos militares y preparar los aviones de la Fuerza Aérea y de la Armada que partían de allí para atacar a la flota británica. La iniciativa confirma que dichas bases continentales, localizadas entre Puerto Madryn y Ushuaia, formaban parte del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).

“De los 649 héroes de Malvinas, no todos cayeron en las islas, ni todos están enterrados en el cementerio de Darwin”, afirmó a LA NACION el exsoldado Alejandro Martínez, uno de los coordinadores de Concertación TOAS, en la que confluyen desde hace tres años distintas organizaciones y exconscriptos y que hoy impulsa el proyecto legislativo.

En ese sentido, hubo 257 bajas en la Isla Soledad, nueve en la Gran Malvina, cuatro en las Georgias del Sur, 362 en el mar –principalmente los tripulantes del Crucero General Belgrano- y 17 en las bases desplegadas en el continente. “Todos fueron reconocidos como combatientes y héroes nacionales por la ley 24.950”, dijo Martínez, que hace cuatro meses organizó la Ruta del TOAS, un recorrido por aquel circuito patagónico, que reunió a muchos de los antiguos conscriptos para “visualizar la historia de la defensa del litoral marítimo y sus bases operativas”.

El proyecto otorga el “reconocimiento moral e histórico” a los exsoldados que participaron “de manera directa en el conflicto bélico”, tanto a los que fueron desplegados desde sus unidades militares de origen hacia el sur del territorio nacional como a los que prestaron el servicio militar obligatorio en unidades del sur. Y se los incluye como beneficiarios de la pensión mensual vitalicia, que hoy asciende a $69.192.

No todos están conformes. El reclamo tropieza con la visión de otras asociaciones de veteranos de guerra, como la Unidad de Ex Combatientes de Chubut, que rechaza el proyecto legislativo.

“Se intenta igualar a quienes estuvimos en campos de batallas en Malvinas, hemos sido heridos en combate, prisioneros de guerra y sobrevivido aún a la posguerra”, dijo la organización, al sostener que las acciones de combate en el continente “nunca fueron confirmadas por las Fuerzas Armadas”. Recordó además, que la Corte Suprema exige el requisito de haber participado en acciones bélicas para ser reconocidos como veteranos de guerra.

Registros militares
“Los diarios de guerra de varios comandos de brigada de Santa Cruz y archivos de servicios históricos del Ejército registran la participación de las bases del litoral patagónico en acciones bélicas”, aseguró a la nación el docente Alberto Noal, de Concertación TOAS.

Noal relató que los archivos del Comando de la Brigada de Infantería Mecanizada XI, de Río Gallegos registran que el 11 de mayo de 1982 “en inmediaciones de Cabo Curioso, dos embarcaciones bombardearon la zona”. El mismo comando informó el 22 de mayo que “tres helicópteros enemigos ingresaron en el continente”.

“Las seis bases militares continentales funcionaban como un gran portaviones, porque la Armada no tenía ninguno. Teníamos la orden de defender ese portaviones”, reseñó Noal.

Otro documento, aportado por José Ramón Galarza, de Corrientes, indica que la Brigada de Infantería Aerotransportada IV, de Comodoro Rivadavia, recibió “señales de alarma roja, al ser detectadas señales no identificadas en el aeropuerto militar” y añade que “se han detectado pruebas fehacientes de la actuación de comandos enemigos”.

Según Galarza, los archivos del Ejército registran que el 30 de abril partieron de Caleta Olivia dos helicópteros Bell del Ejército en misión de combate para interceptar comandos británicos que habían desembarcado en el lugar. Uno de ellos cayó y los diarios de guerra destacan que “los tripulantes del helicóptero siniestrado fallecieron en misión de combate”.

Frente a este hecho, los registros del Liceo Militar General Roca, de Comodoro Rivadavia, coinciden en que los diez hombres del Ejército “fallecieron en misión de combate” y añaden que los restos del helicóptero fueron diseminados en un radio de 300 metros a la redonda, al igual que los restos humanos. Concluyen que la aeronave “exploto en el aire” y no se precipitó, por lo que “resulta imposible relacionarlo con un accidente”.

Claudia Millapi, hermana del conscripto fallecido Oscar Calixto Millapi, uno de los ocupantes del helicóptero, recuerda que su hermano pertenecía a la compañía 185 y patrullaba las costas patagónicas. “Él no pidió ir. Lo mandaron y cumplía órdenes. Hay una discriminación y muchos agravios por parte de gente que no reconoce a los que estaban expuestos”, lamentó, en diálogo con LA NACION. Su familia recibió la condecoración postmórtem con la medalla de combate y fue velado como un héroe durante dos días en el Liceo Militar Roca.

No todos los conscriptos
“Nuestro reclamo no implica que todos los que cumplían el servicio militar bajo bandera estaban en la misma situación”, señaló el exconscripto Martínez. Y graficó: “De los 200.000 conscriptos que había en todo el país en 1982, los movilizados al sur éramos entre 8500 y 9000”. Explicó que las leyes vigentes fijan tres requisitos para acceder al reconocimiento de veterano de guerra de Malvinas: temporal (del 2 de abril al 14 de junio), geográfico (haber operado en el Teatro de Operaciones) y de parcipación (haber participado en acciones efectivas de combate).

José Vega, también dirigente del TOAS y uno de los que accedió a la pensión tras un prolongado juicio al Estado, relativizó el costo que insumiría el reconocimiento a la pretensión de los casi 9000 exsoldados. “Hoy también es elevado el costo de los juicios”, estimó. En su caso debió probar que estuvo en acciones de combate. Se calcula que unos 2000 exconscriptos iniciaron reclamos por vía judicial y que ya hubo 200 sentencias.

Pedro Aguiar contó su experiencia en Río Grande, donde participó de acciones militares de defensa, con temperaturas de 20 grados bajo cero. “Cuando volví a San Juan, la provincia me dio trabajo por mi condición de veterano de guerra y accedí, incluso, a una vivienda. Pero en el PAMI me denegaron el acceso a una pensión. Ahora llevo siete años en la Justicia para recuperar un derecho adquirido”, reseñó.

El amplio respaldo político que tuvo la presentación del proyecto legislativo entusiasma a los exsoldados, aunque son conscientes de que su tratamiento es difícil, en un año electoral. “No tiene por qué haber grieta. Firmaron el proyecto 67 diputados de distintos bloques”, señaló Enrique Johnson, quien integró el Regimiento de Infantería 1 Patricios y conoce la resistencia que el proyecto genera en algunas asociaciones de excombatientes que ya cobran el beneficio.

Fuente: La Nación