La Licenciada en Ciencias Políticas y de Gobierno, militante de la Juventud Radical Andrea Galarza, explica por qué resulta necesario comprender que el acceso al agua potable debe ser una política de Estado y no de Gobierno: “El agua no puede seguir siendo motivo de especulación, hace 10 años Capitanich prometía el segundo acueducto para nuestra provincia, todavía seguimos esperando la tan ansiada obra”.

“Lo que realmente no toma en cuenta el Gobernador, es que el acceso al agua potable es un derecho humano, reconocido en el año 2010 por las Naciones Unidas, el acceso a este recurso por parte de toda la población, es el primer paso para comenzar a salir de la pobreza. Luego de esta pandemia, debemos tener en claro que la improvisación no debe continuar formando parte de la agenda política, así como tampoco la corrupción, porque indudablemente los créditos para la construcción del acueducto, fueron aprobados por los legisladores y recibido por el Gobernador, pero el agua continúa sin llegar a los ciudadanos”.

“Para eso necesitamos, replantearnos nuevos liderazgos, que busquen una construcción colectiva con perspectiva de desarrollo sostenible y políticas de Estado que permitan planes a largo plazo para combatir problemas estructurales.

Debemos dejar de ver a nuestras reservas naturales como simples almacenes, los bosques no sólo son proveedores de maderas y los acuíferos, humedales o ríos, de agua, estos son fuentes de vida, ese es el desafío de las nuevas generaciones, encontrar nuevas prácticas de manera transversal y cooperativas, sin tanta grieta con objetivos bien definidos”.

“Por ende, no podemos permitirnos, los que venimos pidiendo espacios, que suceda lo del primer mandato de Capitanich en 2007, quien descartó el proyecto radical sobre un acueducto que tenía fecha de finalización en 2011, es decir que hace diez años, en vez de prometer un nuevo proyecto hubiese inaugurado una obra terminada”.

“Resulta sumamente necesario que demos vuelta la página, que cambiemos las formas de hacer políticas públicas, en este caso si entendemos que el agua es un derecho humano, las obligaciones que tiene el Estado son fundamentales porque él mismo no puede atentar contra ellas. Acciones como la interrupción o desconexión arbitraria o injustificada de los servicios o instalaciones, los aumentos desproporcionados o discriminatorios del precio y la contaminación y disminución de los recursos de agua en detrimento de la salud humana, no deberían seguir ocurriendo”.

“Es por eso que el Estado debe proteger, dentro de su jurisdicción, a las personas contra la violación de este derecho, pero entendiendo que el agua es un valor social, cultural, ambiental y productivo a corto plazo. Insisto, como ciudadanos debemos empezar a exigir a los gobiernos que nos den soluciones a largo plazo, que replanteen sus planes, cuiden nuestra salud y respeten nuestros derechos”. Finalizó.