En el marco de la causa conocida como Lavado I, la jueza de Garantías en feria, Rosalía Zózzoli, hizo lugar este lunes a un hábeas corpus presentado por la defensa del exministro de Desarrollo Social, Roberto Lugo, y resolvió otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria por razones de salud. Sin embargo, el exfuncionario continuará en prisión debido a que aún la justicia Federal no se expidió al respecto.

Roberto Lugo, exministro de Desarrollo Social de la gestión Juan Carlos Bacileff Ivanoff, acusado de ser jefe de una banda que favoreció con compras por más de 6 millones de pesos a allegados y familiares entre noviembre de 2013 y marzo de 2015, recibió este lunes el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, seguirá en prisión.

¿Por qué se da esta situación? Es que si bien fue la justicia provincial quién le otorgó este beneficio, aún queda pendiente la prisión preventiva que pesa sobre él por parte de la Justicia Federal, en la causa por lavado de activos.

El lunes, la jueza de Garantías en feria, Rosalía Zózzoli, hizo lugar a un hábeas corpus presentado por la defensa del exministro Lugo y resolvió otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria. ¿Cuál fue el motivo?

Lugo fue intervenido quirúrgicamente por una hernia umbilical y por estas horas cursa un post operatorio el cual, según indicó la Directora del Instituto Médico Forense, Gabriela Lamparelli, debería darse en un ambiente que no sea la cárcel. Por este motivo, recomendó que durante seis meses “debe permanecer en su domicilio para el resguardo de su integridad física”.

En simultáneo, el abogado del exfuncionario presentó el mismo hábeas corpus ante la Justicia Federal. Sin embargo, el fiscal, Patricio Sabadini, emitió este martes un dictamen en el cual rechaza el pedido.

“El tratamiento médico farmacológico como las curaciones post operatorias, pueden realizarse en SAM U7, la cual cuenta con médico y enfermero de guardia las 24 horas y de ser necesario, en caso de urgencia, se derivaría al paciente al servicio de guardia y emergencias del Hospital Perrando, como así a los centros privados de contar con turno previo”, explicó.

“En virtud de ello entiendo que no existen elementos que permitan inferir una situación de gravedad de riesgo para la salud del imputado o de falta de atención medica que habilite una morigeración de la prisión preventiva, que conforme el informe referenciado, la Sección de Asistencia Medica de la U7 se encuentra en condiciones de brindarle las atenciones médicas necesarias acordes a su patología”, añadió.

Cabe recordar que, en el fuero provincial, los ilícitos de los que se los acusa a Lugo comprenden el período entre el 26 de noviembre de 2013 y el 5 de marzo de 2015 cuando el exfuncionario se desempeñó como ministro de Desarrollo Social del interinato del por entonces vicegobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff.

Por 209 hechos, a Lugo se le imputan los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefe de la banda; violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación caudales públicos, todo en concurso real. La pena mínima por el delito asociación ilícita es de cinco años de prisión.

La asociación ilícita se completa con Ricardo Retamozo, quién era la mano derecha de Lugo en el Ministerio de Desarrollo Social, y quiénes resultaron beneficiados por las contrataciones como proveedores: Claudia Varela (esposa de Retamozo), Juan José Varela (cuñado de Retamozo), Mónica Yaczuk (pareja de Lugo) y Carlos Amarilla.

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