Hace meses que Argentina sufre un rebrote delictivo en torno a la usurpación de terrenos. Se trata de miles de tomas en todo el país que tienen como consecuencia situaciones de violencia, de inseguridad y de violación de la propiedad privada. Desde julio escuchamos por los medios cómo alrededor de 3000 personas usurparon terrenos en Guernica, pero no es el único caso. Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Rio Negro son algunas provincias donde las consecuencias de la impotencia estatal se ven más claras que nunca.

Ya que estamos hablando de «impotencia estatal», quiero dejar en claro mi posición: el Estado es responsable de la prevención del delito, pero también lo es de generar las condiciones para que no existan más tomas. Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat reconocen que nuestro país precisa crear 3,6 millones de viviendas para que alrededor de un tercio de la población del país pueda acceder a viviendas adecuadas. Entonces, esto nos lleva a hacernos una pregunta, ¿Por qué nuestro Estado no puede garantizarnos ninguno de estos derechos de manera cabal? La respuesta está en su ineficiencia: cobra cada vez más impuesto y garantiza cada vez menos derechos.

En este marco, nos enteramos que la Provincia de Buenos Aires busca «desalentar las tomas» aplicando transferencias de $50.000 extensibles hasta seis meses. Creo que no pueden estar más desacertados en la solución. Esto, al revés de desalentar estas prácticas, parece incentivarlas. Para colmo el Estado Nacional tiene una puja ideológica interna que lleva a la inacción, con ministros que dicen una cosa y otros que se expresan en sentido opuesto.

No deben quedar dudas sobre la vigencia de los derechos de propiedad. La falta de un repudio categórico del gobierno en relación a las tomas de tierras, que hoy se reproducen en todo el territorio, desalienta un futuro de progreso en el país.

Hernán Rossi:”Presidente del Instituto de Pensamiento y Formación Moisés Lebensohn”.