El Gobierno Nacional está concretando un ajuste presupuestario histórico para nuestro sistema universitario. Los fondos previstos no alcanzan para garantizar el funcionamiento, no contemplan la inflación de estos años, ni se prevén aumentos salariales en lo que resta del año.

El proyecto de ampliación presupuestaria presentado en el Congreso, «amplía» el presupuesto de las universidades en $48.000 millones. Esa suma solo contempla los aumentos que corresponden a las cláusulas gatillo firmadas por el gobierno anterior, y que el actual gobierno difirió en el tiempo. No contempla ninguna actualización de gastos de funcionamiento. Esto significa un ajuste de $8.000 millones, que es la suma que sería necesaria solo para mantener constantes en términos reales los gastos de funcionamiento de las universidades.

Las Universidades necesitan un incremento real que supere la inflación acumulada del 2019 y 2020. Sin embargo, la situación planteada hace prever que resultará imposible mantener el funcionamiento del sistema, incluyendo las actividades de investigación, extensión y posgrado.

Los recursos previstos tampoco van a permitir un aumento salarial a docentes y no docentes en el segundo cuatrimestre; como dijimos anteriormente, apenas alcanzará para cubrir las cláusulas gatillo que deberían haberse pagado hace meses y el gobierno difirió.

Hay que destacar que el sistema universitario en su conjunto está funcionando con gastos calculados en septiembre del 2018; sin que el presupuesto de 2020 contemple la inflación acumulada, con lo cual esta partida ha perdido en promedio el 80 % de su poder adquisitivo.

Por último, y no menos importante, es reafirmar que este ajuste se está haciendo de manera discrecional. Según las proyecciones actuales, algunas Universidades incrementan su participación en las transferencias, como la Arturo Jauretche, Jose C. Paz o Hurlingham. Mientras que las Universidades de Córdoba, Cuyo, Litoral o La Plata caen en iguales procentajes.

Desde la Federacion Universitaria Argentina venimos denunciando los atropellos a la Educación Pública desde hace meses, exigiendo la actualización del presupuesto universitario y luchando contra el ajuste sobre nuestras universidades. Además de la actualización de las becas Progresar, la inclusión de sus beneficiarios al Programa +Simple del ENACOM para que puedan acceder a una tablet, solicitar la liberación de los datos móviles para acceder a las clases virtuales y al contenido académico y la unificación de criterios para las evaluaciones virtuales.

La educación nunca debe ser una variable más de ajuste y recorte sobre la cual los números deben cerrar. Desde el movimiento estudiantil continuaremos sosteniendo que la Educación Pública es Justicia Social y oportunidades para que todxs podamos construir nuestro futuro gracias a nuestra Universidad Pública, Gratuita y de Excelencia, promoviendo el desarrollo del país.