El Comité Capital de la UCR, acompaña el pedido de la ciudadanía de defensa irrestricta de los derechos a la propiedad privada y a la vida de las personas.

Con preocupación nos hacemos eco de los hechos de inseguridad que estamos viviendo cotidianamente.

En las últimas horas, las noticias dan cuenta de distintos hechos de desorden y atropello a los derechos individuales de las personas. Por ejemplo, un grupo de piqueteros con autorización del Gobierno y custodia policial, ocuparon tierras de productores; disturbios frente a la residencia del Gobernador; un video donde se observa el maltrato a jóvenes QOM detenidos; Fuerzas policiales que agredieron a una funcionaria, etc.

Sin dudas, se viven momentos de crisis y fuertes tensiones, en medio de la violencia generalizada y la falta de seguridad. La ciudadanía reclama acciones concretas y certezas en cuanto a una política de seguridad por parte del Ejecutivo provincial.

Nadie pretende responsabilizar a los efectivos de seguridad, sabemos que cumplen funciones y se esfuerzan en cuidarnos, a pesar de los pocos recursos con que cuentan y la falta de apoyo político institucional a su accionar.

El artículo 141 de la Constitución Provincial es claro, el Gobernador ejerce el poder de policía. Ejerce la máxima autoridad de seguridad y prevención policial del Estado Provincial, su organización y operaciones.

Dicho esto, Señor Gobernador, las Fuerzas de Seguridad están a su cargo.
Sin embargo, deslindando responsabilidad directa, a través de sus Ministros solicitó una medida cautelar a la Justicia, para restringir la circulación en el micro y macro centro de la capital chaqueña
la violencia y la inseguridad se han apoderado de esta provincia.

Recientemente se ha puesto en funciones, al Subsecretario de Prevención de Seguridad de Ordenamiento Territorial, Gustavo Olivello, con un cuestionado nombramiento por parte de un grupo de Legisladores y Organizaciones Sociales. Tendrá a su cargo, entre otras funciones, impedir los cortes y manifestaciones sociales y sobre todo, hacer cumplir las Leyes que prevén éstas situaciones.

Más allá del mencionado desorden que altera la paz social, bregamos que se cumpla lo establecido en el Decreto de su nombramiento y esto propenda para al sostenimiento y consolidación de las instituciones democráticas, en función de garantizar la paz, la seguridad, garantizando el pleno ejercicio de todos los derechos y garantías constitucionales a todos los habitantes de la provincia.

Esta provincia necesita orden y dirección, seguridad y protección.

Desde el Comité Capital de la Unión Cívica Radical, defendemos estos principios, que se pueda circular con tranquilidad, que los derechos de libre circulación no sean cercenados, que la propiedad privada tenga protección y que se cumplan las garantías constitucionales para todos los ciudadanos.