Ante el silencio abrumador y cómplice de la mayoría de las instituciones abogadiles, ante el proyecto de reforma en la cámara de diputados de la Nación con el cual se pretende una justicia adicta y obediente a los gobernantes de turnos, es que rechazo y repudio el pretendido desequilibrio de poderes, poniendo en riesgo la independencia con la que debe gozar el ministerio publico fiscal y el tribunal de enjuiciamiento, por ello es oportuno ilustrar y MANIFESTAR que:
RECHAZO de manera enfática dicha reforma, como también denuncio públicamente el silencio cómplice e injustificado del Colegio de Abogados de Sáenz Peña, al no fijar postura alguna hasta la fecha pese al pedido que se le hiciera, ante la pretendida Reforma en diputados que hará perder representatividad Abogadil en el Tribunal de Enjuiciamiento de fiscales y defensores de la Nación, poniendo en riesgo la división de poderes y la independencia.
Vale destacar la postura tomada y fijada públicamente por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), y al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, los cuales rechazan enfáticamente la pretendida reforma.

Toda vez que se está Poniendo en riesgo la independencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, circunstancia ésta de suma gravedad, más si tomamos en cuenta que es justamente el Ministerio Público el titular de la acción pública de los delitos de competencia federal y nacional, siendo por ejemplo causas como la del Atentado a la AMIA, delitos de narcotráfico, contrabando, lavado de dinero, todo delito donde el estado nacional reviste el carácter de damnificado, y delitos de corrupción relacionados justamente con la gestión del gobierno nacional.
Es un atropello a a la independencia y a la república esta falta de independencia, que conlleva a condicionar el accionar de los fiscales federales y nacionales y atenta contra toda aspiración de justicia.
Es un atentado a la independencia judicial, mediante ataques sistemáticos por el poder legislativo a pedido del ejecutivo nacional.
Conductas de extrema gravedad institucional como la que vivimos, AMENAZAN al sistema Republicano y afectan de manera directa los intereses de todos los argentinos.
Instamos a las Instituciones abogadiles que fijen postura inmediata ante este nuevo y pretendido atropello institucional y solicitar a GARANTIZAR el funcionamiento de las Instituciones Republicanas junto con el EJERCICIO de los Derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, como así también RESPETAR las autonomías.
Concluyo expresando mi absoluto rechazo a la pretendida reforma de las leyes 27.148 y 27.149, lo cual ya cuenta con media sanción en el Senado, y que de aprobarse vulneraría de manera preocupante la independencia del ministerio público y la representación abogadil en el tribunal de enjuiciamiento, convirtiendo al mismo en un apéndice del gobierno de turno.