Para la ATE “este tipo de episodios oscuros, vuelven a poner en evidencia de que en Corrientes la Salud Pública es un negocio de pocos”.
La ATE Corrientes reclamó al Poder Legislativo y al Poder Judicial (Provincial y Federal) que inicien una investigación sobre el manejo irregular del plan de vacunación contra el Covid-19 por parte del Ministerio de Salud de la Provincia y que el Ejecutivo Provincial presente la renuncia del ministro Ricardo Cardozo por el escándalo nacional que representó el episodio de tráfico irregular de vacunas.
“Como sindicato que representamos a trabajadoras y trabajadores del Estado, nos solidarizamos con todas aquellas personas, recursos humanos críticos; que siguen esperando ser inmunizados en medio de tan grave situación epidemiológica; con el agravante de tener un Gobierno Provincial ineficiente en la gestión de la pandemia y poco transparente en el manejo de recursos escasos como son las vacunas contra el Covid-19 e insumos de bioseguridad”, apuntó el gremio a través de un comunicado de prensa.
En este sentido exige que el gobernador, Gustavo Valdés, “dé las explicaciones oficiales respecto del tráfico irregular de vacunas que dejó en evidencia su ministro de Salud. Que dé respuestas a las múltiples denuncias sobre manipulación partidaria del plan de vacunación y tráfico de influencia que realizaron agentes y profesionales de la Salud, organizaciones civiles, organismos de contralor y ciudadanos de municipios como Curuzú Cuatiá, Virasoro, Paso de los Libres, Capital, Goya”.
Para la ATE “este tipo de episodios oscuros, como el protagonizado por el ministro Ricardo Cardozo, vuelven a poner en evidencia de que en Corrientes la Salud Pública es un negocio de pocos, un toma y daca entre parientes, amigos y socios electorales; más que un derecho universal, de acceso gratuito e igualitario como debería ser”.
Un claro ejemplo de ello, expresa, son las compras con sobreprecios, los préstamos multimillonarios a tasa cero y los pagos por servicios que no prestan grupos privados; realizados por la intervención de nuestra obra social estatal Ioscor. O los nuevos negocios multimillonarios con droguerías de amigos y parientes que facilitó la pandemia; frente a la escasez de insumos médicos y de elementos de bioseguridad para trabajadores y trabajadoras de Saps, Caps y hospitales públicos.
Según el CDP “todo es parte de un sistema de Salud Pública Provincial manipulado para hacer negocios personales; servicio vital pésimamente administrado e ineficiente para la sociedad; con el 35% de los trabajadores y trabajadoras de Salud Pública precarizados laboralmente, con salarios míseros y enfrentando la pandemia sin ART, sin Seguro de Vida, sin Aportes Jubilatorios, sin Obra Social; con traslados y despidos arbitrarios; con hospitales y centros de Salud caracterizados por la falta de medicamentos, insumos y con déficit de infraestructura”.
Es por ello, concluye el comunicado de ATE “exigimos que el Poder Judicial (Provincial y Federal) y al Poder Legislativo que investiguen el tráfico irregular de vacunas, el tráfico de influencia y las denuncias sobre manejo irregular del plan de vacunación contra el Covid-19 en la provincia de Corrientes”, y agrega en este cierre que todos los Poderes del Estado “les reconozcan derechos y les brinden garantías a los trabajadores y trabajadoras de Salud Pública que están dejando la vida en esta lucha contra la pandemia. Que le entreguen a los correntinos y correntinas transparencia y eficiencia en la gestión de la Salud Pública como derecho universal, gratuito, igualitario y de calidad”.
ATE Corrientes
