Así lo resolvió la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial ante una acción de amparo impulsada por la Municipalidad de Resistencia que ya denunció el presunto manejo irregular de recursos por parte del gremio que conduce Jacinto Sampayo.

La disputa judicial entre el Municipio de Resistencia y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) sumó ayer un nuevo capítulo. Es que la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó un fallo de primera instancia que había rechazado una acción de amparo para que los fondos millonarios que administra el sindicato que conduce Sampayo sean depositados “como resguardo” en la cuenta general del Municipio.

La medida en la justicia ordinaria tiene correlato con la denuncia por lavado de dinero contra el STM realizada ante la justicia federal por el intendente Gustavo Martínez por el supuesto manejo irregular de fondos millonarios provenientes de la cuota sindical, aporte extraordinario al sindicato, servicio sindicato de trabajadores municipales y descuentos por mutual y/o bingo municipal. En ese contexto, el Municipio había manifestado que continuar con las transferencias al STM sería “la prosecución de la administración fraudulenta”.

La sentencia, fue dictada este lunes 6 de agosto y lleva las firmas de los jueces Diego Derewicki y Fernando Heñin, de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

Para los jueces de la Cámara, el Municipio no cuenta con legitimación activa para impulsar la medida judicial, “tanto en razón de su falta de interés acreditable como de la ausencia de competencia para el ejercicio de la acción que pretende”.

Lo que no puede el Municipio

En sus fundamentos, el fallo señala que “(…) encontrándose las competencias y deberes relativos a la defensa del consumidor explícitamente reguladas en la norma específica, que no refiere en ninguno de sus párrafos a la posibilidad de instar una acción con base en la protección “popular” de tal interés, la pretensión del recurrente en tal sentido no puede ser acogida favorablemente”.

Lo que si puede

No obstante, los camaristas admiten que “(…) resulta válido inferir que las facultades previstas en el art. 70 refieren al poder de policía con que cuenta el Municipio, es decir, la potestad reguladora del ejercicio de los derechos que entendida razonablemente, lo autoriza a adoptar medidas tendientes a dar acceso a los ciudadanos a la información necesaria para el mejor ejercicio de sus prerrogativas. Así por ejemplo, facilitar un sistema de consultas y reclamos con el debido asesoramiento y acompañamiento para los denunciantes a través de las oficinas respectivas, fiscalizar comercios, controlar el cumplimiento de la normativa de lealtad comercial y de transparencia en la competencia, etc”.

En ese sentido, insisten que “aparece improcedente hacer derivar del artículo en trato el ejercicio de una “acción popular”, la cual no tiene cabida en la organización jurisdiccional argentina y que, llevada al absurdo, supondría para el apelante una habilitación para promover cualquier acción en la que se vieran comprometidos intereses de los consumidores o usuarios, lo que en forma alguna resulta admisible”.

Fuente: Chaco Día por Día