Cada día se replican aún más en distintas provincias y localidades del Chaco la usurpación de terrenos, y esto no son hechos aislados, sino que son promovidos y arengados por sectores políticos que pretenden desconocer la propiedad privada y alientan a determinados grupos de personas a cometer este delito contra la propiedad.

El estado y todos sus actores deben velar por el cumplimiento de las normas para generar un estado de derecho y ofrecer seguridad jurídica a sus habitantes, los ciudadanos merecemos el acceso a la justicia y el cumplimiento de la misma, es verdad que hay una grave crisis habitacional, pero establecer asentamientos en inmuebles ajenos no es la solución sino más bien una enmienda al problema de fondo y solo criminalizar a los actores es desconocer a quienes lo promueven, siendo que en ese grupo de personas la necesidad de una respuesta habitacional se entre mezcla con meros oportunistas y mandatos de los punteros políticos que con amenazas algunos obligan a tomar la determinación.

Casi como una ideología promovida por dirigentes políticos tratan de justificar acciones ilícitas, Juan Grabois afirmaba: “ el que dice que ocupar es delito miente” y “ocupar NO es usurpar”, luego en poco tiempo el diputado Aurelio Diaz encabezo una usurpación de terrenos amenazando a los policías que se encontraban en lugar del hecho, pero la expresión más llamativa y que engloba a todos los hechos delictivos es la del presidente Alberto Fernández expresaba que: “ muchas veces el que delinque lo hace porque no encuentra alternativa mejor”, o pensando de otra manera el estado no le ofrece otra alternativa mejor.

Todo delito tipificado en el código penal debe ser considerado como tal, sin justificativo alguno y aquellos que los promuevan también deben ser considerado como perpetradores o instigadores, desconocer su participación en estos hechos solo sirve de escudo que pone en primera línea a los más necesitados que se encuentran bajo la directiva de un puntero que persigue otros fines económicos y políticos, no pongamos a los pobres contra pobres y busquemos una solución habitacional para aquellos que quieren acceder a tener su hogar, sobre todo a los jóvenes que inician una familia y hoy comprar un terreno cuesta 50.000 USD lo cual con un valor de 102 pesos (con impuestos incluidos) por dólar, serian 5.100.000 pesos argentinos, y con un salario promedioo que ronda los 25.000$ necesitaríamos ahorrar 17 años aproximadamente sin gastar un solo peso para poder comprar un terreno y sin contar con la construcción de la casa.

Justificar la usurpación de terrenos solo genera incertidumbre e inseguridad jurídica, sobre todo cuando son promovidos por dirigentes políticos y hasta algunos encabezados por funcionarios publicos que también están incurriendo en la instigación de cometer un dicha acción, propongamos soluciones y busquemos a los verdaderos culpables, hagamos respetar el orden jurídico y sus normas, exijamos a la justicia que investigue y accione contra los verdaderos actores que se esconden atrás de los humildes, disparar contra los pobres solo traerá bronca, dolor y más conflictos.

Situaciones como estas solo alejan al capital extranjero que buscan instalarse en la región para generar puestos de trabajo e inversión.

Carlos Aguirre- Presidente de la Juventud Radical de Resistencia